Antes de la llegada de la dictadura de Miguel Primo de Rivera en 1923, el sistema telefónico español era un caótico mosaico. Múltiples compañías privadas, muchas de ellas de capital extranjero, operaban de forma independiente, lo que resultaba en una red fragmentada con tecnologías incompatibles, malas interconexiones y un servicio generalmente deficiente. Ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia contaban con cierta cobertura, pero las zonas rurales permanecían en gran medida aisladas. Esta desorganización dificultaba el desarrollo económico y la cohesión social.
Primo de Rivera, impulsado por un fuerte deseo de modernización y eficiencia nacional, percibió la necesidad urgente de reformar esta infraestructura crítica. Su gobierno se embarcó en un ambicioso proyecto que transformaría fundamentalmente la telefonía española, culminando en la creación de un monopolio nacional que aún hoy resuena en la historia de las comunicaciones del país.
A principios del siglo XX, España se encontraba significativamente rezagada con respecto a otras naciones europeas en cuanto a penetración y calidad telefónica. Los servicios eran gestionados por una multitud de empresas locales y regionales, como la Sociedad Española de Teléfonos Ericsson, la Compañía Peninsular de Teléfonos y la Compañía General de Electricidad. Cada una operaba con sus propios estándares, tarifas y equipos, lo que convertía la comunicación interprovincial o incluso interurbana en una tarea frustrante, que a menudo requería operadores manuales para conectar llamadas entre diferentes redes.
El propio Estado gestionaba una pequeña y limitada red que era igualmente ineficiente. Esta fragmentación no era solo un problema técnico, sino también un símbolo de las deficiencias infraestructurales más amplias de España, un desafío que Primo de Rivera estaba decidido a abordar como parte de su agenda regeneracionista.
La piedra angular de la política de telecomunicaciones de Primo de Rivera fue el Real Decreto-Ley del 25 de agosto de 1924. Este decreto otorgó una concesión de monopolio para todo el servicio telefónico nacional a una única entidad: la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE). El gobierno, tras considerar varias ofertas, eligió a la International Telephone and Telegraph Corporation (ITT) de Estados Unidos para establecer y operar esta nueva empresa.
Esta decisión fue revolucionaria. ITT era un líder mundial en tecnología e inversión en telecomunicaciones, y su participación prometía una rápida modernización. El mandato de la CTNE era claro: unificar las redes dispares, introducir la conmutación automática, expandir la cobertura a todos los rincones de España y establecer conexiones internacionales. Este movimiento efectivamente nacionalizó el servicio, aunque bajo gestión privada extranjera, asegurando un enfoque centralizado para un sector previamente caótico.
1924
Año de Creación de CTNE
~200%
Crecimiento de líneas (1924-1930)
50+
Ciudades con centrales automáticas
Bajo la dirección de la CTNE, la telefonía española experimentó un crecimiento y una modernización sin precedentes. El salto tecnológico más significativo fue la introducción de las centrales telefónicas automáticas, que sustituyeron a las centrales manuales que requerían una operadora para cada llamada. La primera central automática se inauguró en Madrid en 1926, seguida rápidamente por instalaciones en Barcelona, Valencia y otras grandes ciudades. Esta automatización mejoró drásticamente la eficiencia, la velocidad y la privacidad de las llamadas.
La compañía invirtió masivamente en infraestructura, tendiendo miles de kilómetros de nuevas líneas, tanto aéreas como subterráneas, y conectando pueblos y aldeas previamente aisladas. Las llamadas internacionales se hicieron realidad, uniendo España directamente con Europa e incluso con América, un logro monumental para la época. Este esfuerzo no solo mejoró las comunicaciones, sino que también estimuló el desarrollo industrial y la formación de personal técnico especializado.
